El gobierno aprobó hace unos días la nueva ley hipotecaria. Con ella se busca reducir el riesgo de los préstamos hipotecarios, pero todos los expertos dicen que se incrementarán los intereses a pagar.

Esta nueva ley es consecuencia de las bases sentadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la incertidumbre jurídica creada por los diversos criterios interpretativos sentados por numerosas sentencias judiciales sobre cláusulas de préstamos hipotecarios.

Según el Instituto de Estudios Económicos, la situación creada con el recurso cada vez mayor a los tribunales para resolver los conflictos generados con estos contratos hace que resulte obligatorio ofrecer una mayor seguridad jurídica a todas las partes del contrato. Dicha entidad también apuesta por “evitar las malas prácticas que se han producido para que no se repitan”. La nueva ley busca establecer unas pautas mucho más claras y concisas, intentando evitar en lo mayor posible los problemas interpretativos de las cláusulas de estos contratos.

El Instituto de Estudios Económicos dice que el mercado hipotecario, y pese a la crisis, ha funcionado “relativamente bien”, puesto que ofreció la oportunidad para que muchas personas pudiesen acceder al mercado de la vivienda a través de unos tipos de interés bajos. El Instituto considera que el nivel de morosidad proporcionalmente ha sido bajo.

No obstante lo anterior, la nueva ley hipotecaria tiene una doble cara. Por un lado los cambios introducidos en la norma contribuirán a evitar las malas prácticas que se han venido produciendo hasta ahora, pero por otro supondrá también un encarecimiento de las hipotecas. Es decir, la nueva ley supondrá que el precio de las hipotecas aumente, pero también estas serán más transparentes.

 

Con estos nuevos cambios es muy probable que crezca más el porcentaje de créditos de tipo fijo. Con las limitaciones impuestas se busca impedir recuperar el coste completo del riesgo imponiendo comisiones, por lo que ello comportará que el precio a pagar por el préstamo (tipo de interés) se encarecerá para contemplar dicha diferencia, es decir se elevará el tipo de interés que tendrá que pagar el prestatario. La operación se centrará en el coste real para el consumidor, en el tipo de interés pactado, siendo este un elemento fundamental del contrato fácilmente comprensible para el consumidor. Se entiende que los bancos efectuarán un análisis más preciso del riesgo de cada operación hipotecaria, con el objeto de evitar pérdidas.

Según palabras del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) García Montalvo, “el objetivo es garantizar, implícitamente, que el precio del riesgo asumido en cada operación es adecuado. El banco es el profesional de la gestión del riesgo y, por tanto, debe prestar este servicio… Es preferible que este aumento de coste se transfiera de forma transparente al precio del préstamo hipotecario a que se disuelva en forma de transferencia al cliente hipotecario de una parte mayor del riesgo de la operación”.

En cualquier caso, y siendo que el contrato de préstamo hipotecario es el contrato más importante que harán muchos ciudadanos de a pie en toda su vida, debería ser habitual que en dicho trance fuese asesorado, tanto en la negociación como en la firma del correspondiente préstamo, por un abogado experto. Desgraciadamente no existe una cultura muy extendida de confiar estas operaciones tan importantes a expertos, y evidentemente la consecuencia de ello la hemos vivido recientemente y muchos consumidores en carnes propias.

Visto el panorama actual, y en el caso de que se encuentre afectado por cuanto se ha expuesto, le aconsejamos que busque un abogado especialista que pueda informarle y asesorarle adecuadamente.