Desde el pasado 7 de junio, el Banco Santander es propietario del Banco Popular y, por tanto, también de todas sus acciones. La compra se hizo por 1 euro. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo que en ningún caso piensa compensar los accionistas que han perdido los ahorros, y señaló como única vía posible la presentación de demandas judiciales.

La OCU ha solicitado al Banco de España y al Ministerio de Economía que se arbitre una vía extrajudicial para garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas que se han visto perjudicados económicamente con dicha operación .

Sin embargo, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) descartó dicha posibilidad. El 68,574% del capital del Banco Popular estaba en manos de pequeños accionistas, a los que la única posibilidad que se les abre para recuperar el dinero es la vía judicial. Aproximadamente, los afectados son unas 250.000 personas, de las cuales 167.000 eran pequeños inversores que tenían depositados en acciones un máximo de 1.000 euros.

En junio del año 2016, el Banco Popular hizo una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, que suscribieron muchos pequeños accionistas. Según se ha descubierto ahora, la oferta de dichas acciones se efectuó haciendo públicas unas cuentas incorrectas que enmascaraban la realidad.

A los accionistas perjudicados se les abre la posibilidad de interponer demandas por la vía civil debido a que se podría argumentar la nulidad de la adquisición de las acciones, por vicio en el consentimiento o error, ya que se ocultó la delicada situación económica que atravesaba la entidad.

Estas demandas deberían interponerse contra el Banco de Santander, el actual propietario del Banco Popular. El plazo más restrictivo para demandar finaliza en mayo del 2019.

Algunos especialistas han informado de que también podría ser fraudulenta la venta de acciones que se efectuó por la ampliación de capital que tuvo lugar el año 2012.

Muchas demandas también podrán dirigirse contra el Banco de España o contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por haber abandonado sus responsabilidades de supervisión.

Además, queda abierta la posibilidad de depurar las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir antiguos directivos de la entidad bancaria. La OCU y otras organizaciones de consumidores ya han anunciado que interpondrán querellas criminales por este motivo.

Viendo el panorama actual, y en caso de que usted sea un accionista afectado por dicha situación, le recomendamos que vaya a un abogado especialista que pueda asesorarle y defender sus derechos.